DESPILFARRO EN LAS CARRETERAS

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Oscar Espinosa García

Bolivia tiene una gran cantidad de kilómetros de carreteras sin pavimentar, donde se puede realizar proyectos de mejoramiento con superficies de tierra, ripio y pavimentos de asfalto livianos, que producirían un aumento en la producción. Las carreteras de la red departamental tienen muy poca intervención y las carreteras municipales (de los pobres), están prácticamente olvidadas. Los recursos que se está destinando a las carreteras pavimentadas y dobles vías del programa de inversión de la ABC, tendrían un mejor retorno si se realizara este tipo de proyectos en toda la red de carreteras, lo cual tendría un mayor impacto en el incremento de la producción agrícola e industrial.

El programa de inversión pública en la construcción de carreteras en la red fundamental se encuentra en progreso. Parte de esta inversión ya ha sido ejecutada y otra parte todavía queda por ejecutar. En alguna medida, la reducción de ingresos por concepto de venta del gas en el mercado internacional afectará la ejecución del programa. Lo más negativo sería que la ABC no pueda cumplir con los contratos que tiene con las empresas contratistas de los proyectos y queden muchos proyectos inconclusos.

Los proyectos del programa de inversión de la ABC no han seguido las normas de los sistemas de inversión pública y de administración de bienes y servicios. No han salido de un proceso de selección según criterios económicos, financieros y de ingeniería. Los proyectos se los ha elegido según el libre albedrío del Presidente o de los funcionarios que ponían a su consideración los proyectos para su aprobación.

La Administradora Boliviana de Carreteras ha obviado la realización de los estudios de factibilidad en sus proyectos de construcción de carreteras, violando una de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, que especifica que un proyecto de inversión pública “debe contar con los estudios y evaluaciones que recomienden la asignación de recursos al proyecto, de acuerdo con los criterios de rentabilidad socioeconómica establecidos por el Órgano Rector”. Por lo que su programa no tiene justificación económica.

La contratación de las empresas constructoras de las carreteras se ha hecho con procedimientos que no han seguido las normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. No se ha hecho licitaciones públicas y las adjudicaciones a las empresas constructoras fueron hechas de manera arbitraria y en muchos casos se ha seguido la modalidad de contratación “llave en mano”, donde el contratista realiza el diseño y la construcción de la carretera y puede cobrar lo que quiere.

Estos procedimientos han eliminado la transparencia en la ejecución de los proyectos carreteros. A ello hay que agregar la falta de control de parte de la Contraloría, que nunca se ha pronunciado por la clara infracción que la Administración Boliviana de Carreteras hace de las normas legales vigentes. Ya no se puede aplicar la norma fundamental de la Ley Safco de que “todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos, midiendo cuenta documentada y transparente, no solo de los recursos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación”.

La ABC ha contratado mayormente a empresas extranjeras, en ciertos casos a empresas que nunca antes habían construido una carretera y que para cumplir con el contrato tuvieron que recién conformar el plantel de ingenieros, con personal externo que no pertenecía a la empresa. Incluso empresas que no disponían del equipo para construir la carretera.

La ABC ejecuta un programa de construcción de puentes por una inversión de 161 millones de $US. Incluye tres puentes de grandes luces, el puente Banegas sobre el río Grande y los puentes El Sena y Gonzalo Moreno sobre el río Madre de Dios. Estos dos últimos puentes serán construidos en carreteras que ahora no están pavimentadas y que tienen poco tráfico, que no justifican tan grandes inversiones.

La inversión que está haciendo la ABC en la construcción de carreteras puede llegar hasta 2019 a los 6.000 o 7.000 millones de $US, pero ¿con qué resultado? ¿Habremos conseguido una red de carreteras que apoye el desarrollo del país, con los proyectos antieconómicos que está ejecutando? Actualmente los transportistas no quieren pagar peaje por las malas condiciones en que se encuentran las carreteras en servicio. Hace 60 años que no podemos tener una carretera pavimentada que conecte a La Paz con el norte, ni siquiera hasta Caranavi y así no se puede concretar otras conexiones como Oruro – Sucre – cruce carretera Santa Cruz – Yacuiba o Tarija – Villamontes. Con tan grande inversión, el país ya debería tener una red vial en buenas condiciones que cubra las tres redes: fundamental, departamental y municipal y que sea un factor de desarrollo.

El autor es ingeniero civil y docente de la UMSA.